Nuestra Experticia
Temática
Contamos con destacados expertos, todos especializados y contando con amplia experiencia y profesionalismo, en las áreas tématicas siguientes:
1. Derechos Humanos, Gobernabilidad Democrática, Estado de Derecho.
2. Diversidad e inclusión
3. Acceso a la Justicia y Seguridad
4. Desarrollo sostenible, cambio climático y gestión de riesgos
1. Derechos Humanos, Gobernabilidad Democrática, Estado de Derecho.
Los derechos humanos son aquellos que tiene toda persona, sin discriminación de ningún tipo, y que son inherentes a la dignidad humana. Los derechos, que pueden ser de carácter civil, político, económico, social y cultural, son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. También comprenden obligaciones a los Estados para su garantía y cumplimiento, las cuales se han reconocido y fortalecido, principalmente, a través del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La Gobernabilidad Democrática se entiende como el conjunto de mecanismos e instituciones de un Estado que ejercen el poder y la toma de decisiones para garantizar la participación y el cumplimiento de derechos y obligaciones de la ciudadanía, dirimiendo las controversias y promoviendo el desarrollo social.
Por su parte, el Estado de Derecho es el principio que rige la gobernabilidad, mediante el cual todas las personas, entidades (públicas y privadas) y actores estatales se encuentran sometidas al imperio de la ley, sin permitirse prácticas arbitrarias. Eso implica que la legislación debe ser acorde a los principios de irretroactividad de la ley y la separación de poderes en su formulación; que debe aplicarse en condiciones de igualdad, transparencia e independencia; y que debe ser acorde a los derechos humanos y los instrumentos que los contienen e interpretan.
Nexus entiende que los Derechos Humanos, la Gobernabilidad Democrática y el Estado de Derecho son conceptos interdependientes, ya que en su conjunto rigen las relaciones humanas y sociedad-Estado. A la vez, ejercen una suerte de control entre ellas, limitando y regulando el ejercicio del poder para promover la convivencia social en condiciones de igualdad, justicia y paz.
2. Diversidad e inclusión
Nexus entiende la diversidad como todas las formas en que se manifiesta la existencia de la humanidad. La diversidad se compone por aquellos rasgos y características que forman parte y contextualizan la vida de una persona, como pueden serlo, por ejemplo, su pertenencia étnica y cultural o sus condiciones sociales, políticas y económicas.
Asimismo, la diversidad incluye las diferentes maneras en que una persona percibe el mundo y su propia identidad. Por ejemplo, a través de sus ideologías, opiniones políticas o creencias religiosas.
Lo anterior, genera un cúmulo de condiciones y características personales que coexisten, conviven y enriquecen a una sociedad. No obstante, es una realidad que dentro de esta diversidad se han generado tratos y prácticas discriminatorios de unos grupos a otros, con motivo de sus diferencias étnicas, sexuales, etarias, ideológicas, etc.; confinándoles a una situación estructural de desigualdad.
La inclusión es, por el contrario, valorar la diversidad y reconocer jurídica y socialmente a todas las personas como sujetos de derechos, dándoles la oportunidad real de ejercerlos, exigirlos y garantizarlos en condiciones de igualdad y sin discriminación de ningún tipo.
Para ello, se requiere analizar las relaciones sociales e identificar las necesidades específicas que tienen los grupos y personas estructuralmente discriminados. Lo anterior, a fin de promover e implementar políticas y prácticas destinadas a eliminar los estereotipos, y a generar acciones afirmativas que disminuyan las brechas de desigualdad.
3. Acceso a la Justicia y Seguridad
Nexus entiende el acceso a la justicia como la posibilidad de que todas las personas puedan acudir y utilizar los recursos necesarios y adecuados (nacionales e internacionales) para exigir el cumplimiento de sus derechos y -en su caso- la reparación integral correspondiente. El acceso a la justicia implica que la respuesta de los operadores y aparatos de justicia sea pronta, independiente y sensible a la diversidad e inclusión.
Por su parte, la seguridad es aquella situación social dentro de un Estado en la cual todas las personas, sin discriminación alguna, pueden gozar de sus derechos y ejercer su pleno desarrollo y realización sin temor, riesgo o vulnerabilidad ante las amenazas de la violencia y la pobreza. La seguridad implica que el Estado promueva modelos de protección de sus habitantes, en pleno respeto a los derechos humanos.
La justicia y la seguridad encuentran relación en tanto que ambos tienen una doble dimensión de protección. Por una parte, son derechos humanos por sí mismos. No obstante, también son condiciones necesarias para el cumplimiento, garantía y exigibilidad de los demás derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
4. Desarrollo sostenible, cambio climático y gestión de riesgos
El desarrollo sostenible o sustentable busca satisfacer las necesidades de la sociedad actual sin comprometer la estabilidad de los recursos del futuro. De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se busca desarrollar estrategias que promuevan la prosperidad al tiempo que protegen el planeta, es decir, favorecer el crecimiento económico, abordando las necesidades sociales y protegiendo el medio ambiente.
El cambio climático, por su parte, es el principal desafío que enfrenta la comunidad internacional para la protección del medio ambiente. Este fenómeno se da por la gran emisión y concentración de gases de efecto invernadero, los cuales generan condiciones meteorológicas cambiantes y extremas (inundaciones, sequías, aumento de temperaturas, etc.) que amenazan la supervivencia de los recursos naturales y las especies que dependen ellos.
Debido al cambio climático, diversas poblaciones se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, puesto que los desastres naturales han generado o acentuado su situación de pobreza o inseguridad. Al respecto, la gestión de riesgo busca generar acciones que prevengan los desastres, en la medida de lo posible, y que permita a las comunidades el resistir, enfrentar y recuperarse del impacto, para garantizar su seguridad, derechos y dignidad.